El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, elementos de la policía estatal y granaderos de Oaxaca utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes feministas que arribaron al Zócalo de la capital oaxaqueña.
Las participantes, conformadas por mujeres de todas las edades, marcharon por las calles de la ciudad exigiendo justicia por las víctimas de feminicidio y la desaparición de mujeres en el estado. Durante su recorrido, realizaron pintas demandando la legalización del aborto y mayor seguridad. Consignas como “En Oaxaca ser mujer es resistir” resonaron en la protesta.
Desde días previos, el gobierno estatal había colocado vallas metálicas para proteger edificios en el Zócalo, acción que las manifestantes consideraron una provocación. Al llegar al centro histórico, algunas participantes derribaron las vallas y prendieron fuego en el acceso principal al Palacio de Gobierno. En respuesta, las fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno desde el interior del palacio, dispersando a las asistentes.
El gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría de Gobierno (Sego), afirmó que no se utilizó gas lacrimógeno, sino polvo seco para apagar el fuego iniciado en la puerta del Palacio de Gobierno. Además, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca dictaminar las afectaciones al patrimonio público y privado, y ubicar a las personas responsables de estos actos.
Organizaciones feministas denunciaron la represión de la administración encabezada por el gobernador Salomón Jara, calificando la acción como una violación al derecho de libre manifestación. La colectiva Consorcio Oaxaca señaló que, durante la llamada “Primavera Oaxaqueña”, se han registrado 225 feminicidios y 855 mujeres desaparecidas, sumando un total de 1,080 mujeres que aún esperan justicia.
Las protestas en Oaxaca reflejan la creciente indignación ante la violencia de género y la falta de respuestas estatales, en un contexto donde la justicia sigue siendo una deuda pendiente para las mujeres.