La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha emitido medidas cautelares en respuesta a una emboscada ocurrida en la comunidad de San Isidro Platanillo, municipio de Santo Domingo Petapa, que resultó en la muerte de tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni). El ataque, registrado el 14 de febrero de 2025, se atribuye a un conflicto agrario entre las comunidades de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa. Desde el 10 de febrero, personas armadas han bloqueado los accesos a “El Platanillo”, generando un ambiente de inseguridad para sus habitantes.
En respuesta a estos hechos, más de 200 organizaciones civiles han exigido la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Oaxaca, para investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos. Las organizaciones también han solicitado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la implementación de acciones efectivas que garanticen la seguridad de los defensores comunitarios en la región.
Por su parte, el gobierno de Oaxaca ha señalado que “agentes externos” están difundiendo información errónea que provoca psicosis entre la población. Además, ha manifestado que la militarización y el uso de la fuerza pública no son la solución al conflicto, enfatizando la necesidad de mantener el diálogo con las comunidades afectadas.
La situación en Santo Domingo Petapa sigue siendo tensa, y las autoridades, junto con las organizaciones civiles, continúan buscando soluciones pacíficas para resolver el conflicto y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.