San Raymundo Jalpan, Oax., a 12 de febrero de 2025.- Por mayoría parlamentaria la LXVI Legislatura local aprobó en sesión extraordinaria el decreto para reformar el artículo 40 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a fin de establecer un límite máximo de 12 meses en el pago de salarios caídos en caso de despidos injustificados.

La promovente de esta iniciativa es la representante popular Vanessa Rubí Ojeda Mejía y el dictamen fue emitido por la Comisión Permanente de Trabajo y Seguridad Social del Poder Legislativo.

De acuerdo con lo especificado en el documento del órgano dictaminador, esta modificación está basada en los principios de seguridad jurídica y estabilidad laboral, evitando que los procesos se extiendan de manera indefinida, homologando los criterios con la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado, en donde ya se contempla este aspecto.

Por lo que se garantizará que las y los trabajadores municipales de Oaxaca de Juárez tengan las mismas condiciones de indemnización que el resto de las personas empleados del país, además de que esta medida no afecta la posibilidad de reinstalación del trabajador o trabajadora en caso de despido injustificado.

Asimismo, la reforma a esta ordenanza no vulnera los derechos laborales, por el contrario, brinda seguridad jurídica a las y los asalariados al establecer el límite de indemnización, protege la estabilidad financiera del Ayuntamiento al evitar que se generen pasivos laborales excesivos derivados de litigios prolongados y fomenta una gestión más eficiente y sostenible de los recursos públicos.

En tanto, los beneficios para el Sistema de Justicia Laboral también son significativos y en el sentido de que se contribuye a la armonización del derecho laboral en el estado y el país; ayuda a disminuir la carga de expedientes laborales prolongados en tribunales, se fomenta la certeza jurídica y estabilidad en las relaciones laborales.

Cabe resaltar que en el 2019 se ratificó este criterio en el nuevo Modelo de Justicia Laboral, promoviendo la resolución expedita de conflictos y la protección de los derechos de las empleadas y empleados.