El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido nuevas directrices para los aspirantes a cargos en el Poder Judicial de la Federación, prohibiendo la contratación de encuestas o sondeos de opinión y reforzando la supervisión de sus actividades en redes sociales.
Durante una sesión de la Comisión Temporal del INE para el proceso electoral del Poder Judicial, el consejero Jorge Montaño, presidente de dicha comisión, señaló que se han detectado posibles actos de promoción personalizada por parte de integrantes del Poder Judicial que participarán en el proceso electivo.
Los lineamientos aprobados prohíben expresamente a los candidatos contratar, directa o indirectamente, servicios de encuestas o sondeos de opinión. Además, la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE será la encargada de monitorear redes sociales y plataformas digitales para identificar posibles infracciones. Los hallazgos serán remitidos a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para determinar si se trata de encuestas, sondeos de opinión o propaganda que vulnere la equidad de la contienda.
La reforma judicial vigente prohíbe a los aspirantes recibir financiamiento público o privado, permitiendo únicamente el uso de “gastos personales”. Por ello, el INE ha implementado controles más estrictos para vigilar las inversiones en promoción por parte de los candidatos.
Estas medidas buscan garantizar la equidad en el proceso electoral del Poder Judicial y asegurar que los candidatos se ajusten a las normativas establecidas, evitando prácticas que puedan influir indebidamente en la opinión pública.