En redes sociales comenzó a circular un supuesto oficio atribuido a la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFADER) del gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, que ha causado polémica y preocupación. Según el documento, firmado presuntamente por la jefa del Departamento de Producción de Contenidos, Perla Fuentes Sánchez, se solicita a subsecretarios y directores proporcionar un listado detallado del personal a su cargo, incluyendo nombres, puestos, números telefónicos y perfiles de Facebook.
El supuesto objetivo del requerimiento sería “tener un control en cuanto a quienes comparten y reaccionan a las publicaciones” en redes sociales relacionadas con la administración estatal. Esta medida, de confirmarse, representaría un intento de monitorear las actividades digitales de los trabajadores y, posiblemente, limitar su libertad de expresión.
Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado la autenticidad del documento y tampoco ha habido una declaración oficial por parte del gobierno estatal o de la SEFADER para confirmar o desmentir su existencia.
La polémica generada por el oficio ha dado lugar a críticas en redes sociales y por parte de figuras de oposición, quienes lo califican como un acto de vigilancia y un ataque a los derechos laborales y a la privacidad. Algunos incluso han señalado que, de ser real, la medida sería una práctica autoritaria que contravendría los valores de un gobierno que se proclama “humanista” e “indígena”.
Por otro lado, diversas voces han llamado a la cautela, enfatizando que es necesario verificar la autenticidad del documento antes de emitir juicios contundentes sobre las acciones de la administración estatal.
Hasta ahora, ni la Secretaría de Fomento Agropecuario ni el gobernador Salomón Jara Cruz han emitido comentarios al respecto. Se espera que en los próximos días las autoridades den una respuesta oficial para esclarecer la situación y evitar que los rumores continúen generando incertidumbre.
Mientras tanto, el debate sobre la privacidad y la libertad de expresión de los trabajadores públicos sigue abierto, recordando la importancia de garantizar estos derechos en cualquier entorno laboral.