El conflicto agrario entre Oaxaca y Chiapas, centrado en los territorios comunales de los Chimalapas, continúa siendo motivo de tensión tras el reciente fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Tuxtepec. Este tribunal reconoció la legalidad de los ejidos chiapanecos Rafael Cal y Mayor y Canaán, asentados en tierras tradicionalmente reclamadas por las comunidades zoques de Santa María Chimalapa. Aunque el fallo admitió que estos ejidos están dentro de territorio oaxaqueño, argumentó que también poseen una resolución presidencial propia, lo que impide su nulidad inmediata. Esta decisión ha generado inconformidad en las comunidades indígenas, que consideran que sus derechos históricos y territoriales han sido vulnerados.
Ante esta situación, representantes de los gobiernos de Oaxaca y Chiapas, junto con autoridades federales, instalaron una mesa de inteligencia agraria en la Secretaría de Gobernación para buscar soluciones a este y otros conflictos. La reunión, encabezada por el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, busca la conciliación a través de acuerdos y acompañamiento interinstitucional. Las comunidades zoques han advertido que continuarán con acciones legales y políticas, insistiendo en la soberanía sobre sus tierras.
Este conflicto, que abarca más de 160,000 hectáreas en disputa, se remonta a décadas de diferencias y se agravó con la creación y posterior disolución del municipio chiapaneco Belisario Domínguez. La zona de los Chimalapas, una de las más biodiversas del país, se enfrenta además a problemas como la tala ilegal y la expansión ganadera, lo que complica aún más la situación.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Procuraduría Agraria, continúa buscando alternativas para garantizar la paz social y la certeza jurídica en ambas entidades. Sin embargo, las comunidades locales han expresado su descontento, temiendo un posible aumento en las tensiones y confrontaciones en la región.