El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) estima que más de 7,000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en la región triqui de Oaxaca desde la década de 1980. Estos episodios, marcados por la violencia y el abandono estatal, afectaron a comunidades como San Juan Copala, San Miguel Copala y, más recientemente, Tierra Blanca Copala en 2020. Las familias desplazadas han perdido no solo sus hogares y tierras, sino también la posibilidad de vivir en paz y preservar sus costumbres.
En respuesta a esta crisis, el Congreso de Oaxaca está trabajando en una Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado. La legislación busca regular la actuación de las autoridades locales y estatales, garantizando la protección de derechos fundamentales y promoviendo soluciones integrales. Este esfuerzo incluye un proceso de consulta previa, libre e informada con pueblos indígenas y afromexicanos, que sigue etapas deliberativas y consultivas para asegurar su implementación efectiva .
Adicionalmente, se han retomado las mesas de trabajo con las autoridades estatales y federales, impulsadas por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre los acuerdos recientes se incluyen la actualización del censo de desplazados, la creación de una fiscalía especializada y el establecimiento de condiciones seguras para el retorno de las familias a sus comunidades .
Con este marco, Oaxaca busca no solo atender la crisis actual, sino también sentar precedentes legales que visibilicen y enfrenten el desplazamiento forzado, un fenómeno que afecta a miles de personas en todo México.