Sánchez González aseguró que la inhabilitación y su remoción del cargo son ilegales y una persecución política, y que detrás de ello hay poderes fácticos, intereses económicos y la intención de privarla de su libertad.

Sánchez González ha decidido dar la batalla en los tribunales para limpiar su nombre y su prestigio, y para generar un precedente que ayude a que ninguna mujer tenga miedo a sufrir esta persecución por miedo a atreverse a ser titular de un órgano autónomo del Estado o a ejercer cualquier cargo público.