La obra recién inaugurada ayer por AMLO fue cerrada con un retén para impedir paso a unidades que no sean de su empresa comunitaria y en otro punto para exigir auditoría al edil de San Jerónimo.
No habían pasado ni 24 horas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la nueva carretera que conecta a la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido, y reduce el traslado de 6 a 2.5 horas, cuando comuneros que impulsan una línea de transporte comunitario ya habían instalado un retén para impedir la circulación de otras empresas.
Se trata de la línea comunitaria Ruta Coatlanes-Costa S. A. de C. V., integrada por comuneros de siete comunidades dueñas de las tierras que cruza la autopista denominada oficialmente carretera Barranca Larga-Ventanilla, mismas que fueron expropiadas por el gobierno federal a cambio de un monto económico y la promesa de millones de pesos ej obras públicas.
De acuerdo con la empresa comunitaria, actualmente son 91 socios de las siete comunidades quienes exigen el “derecho legítimo y exclusivo” para explotar esta carretera mediante transporte público como se acordó con las autoridades desde hace 20 años, pues por décadas estas comunidades se opusieron a esta obra hasta que alcanzaron acuerdos con las poblaciones.
Ante ello, la Ruta Coatlanes informó este domingo que sus servicios tienen un costo de 300 pesos y comienza a las 4 de la mañana, pero advirtieron que no se va a permitir la circulación de otras líneas de transporte que también ya anunciaron que recorrerán dicha autopista.
“Avisamos a las empresas que van a correr y no tienen acuerdo con Coatlanes que evitemos problemas. Son nuestras tierras y las defenderemos. Estamos en toda la disposición de llegar a acuerdos. ¡Qué viva la 4T Primeros los Pobres!”, advirtieron.
Según la línea comunitaria, ellos son la única empresa que sostiene acuerdos con los gobiernos estatal y federal para la circulación por la nueva autopista. La empresa de transporte funciona a través de una sociedad de transportistas de San Vicente Coatlán, Yogana, San Pedro Coatlán, Santa Catarina Coatlán, San Pablo Coatlán, San Sebastián Coatlán, de San José Ceneguilla Coatlán, San Francisco Coatlán, San Antonio Lalana Coatlán, San Isidro Comitlán Coatlán y Santa María Colotepec.
Por la mañana de este lunes los comuneros de los Coatlanes instalaron un retén en el tramo de Barranca Larga-Ventanilla en el que impiden el tránsito de unidades de otras líneas pasajeras, como “Líneas Unidas” bajo el argumentó de que ellos son los dueños originales de esas tierras, y sólo permitiendo el paso a automóviles particulares.
A dicho bloqueo se suma la protesta de habitantes de San Jerónimo Coatlan, quienes se manifiestan en e entronque a San Pablo Coatlán, para exigir que se realice una auditoría a su actual presidente municipal Gonzalo López Gijón, que el trieno pasado fungió como administrador municipal.
Los pobladores, quienes portaban pancartas con sus exigencias, también aseguraron que respaldan el reclamo de la línea de transporte comunitaria de los Coatlanes.
Durante la conferencia de prensa del gobierno oaxaqueño, Jesús Romero López, secretario de Gobierno, aseguró que al tratarse de una carretera federal, no es de competencia de las autoridades estatales otorgar concesiones o permiso para circular sino que le compete a la Federación.
El funcionario dijo que el gobierno estatal va a ayudar pero que fue la secretarías de Gobernación y de Comunicaciones federales las que ya convocaron a un diálogo para conciliar entre las empresas, incluida ADO.
“Tienen que entrar todas las empresas, ni modo que el pan sólo para uno. Tiene que haber servicios para la sociedad, como el transporte”, dijo el gobernador Salomón Jara.
Ayer, durante la inauguración de esta obra que se esperaba desde hace más de 15 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la condonación del peaje por un año para los oaxaqueños que usen esta vialidad.
Mientras que las cuotas que pagarán los visitantes de otros estados y las empresas de transporte de carga y pasajeros, a partir de septiembre, será para darle mantenimiento a la carretera porque ésta no está concesionada y será operada por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Datos oficiales del gobierno federal indican que se esperan que hasta 4 mil 500 pesos al día recórranlos los 169 kilómetros entre la capital y la región Costa.