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El acto, encabezado por el gobernador Salomón Jara, rememora cuando Miguel Hidalgo indultó a prisioneros de Dolores, Guanajuato, para que lo acompañaran en su lucha.
Como cada año, el titular
del Poder Ejecutivo de Oaxaca entregó 170 boletas de liberación a mujeres
y hombres indígenas y de escasos recursos, con lo que suman mil 411 personas
liberadas en lo que va de esta administración.
Al
encabezar por primera vez la Ceremonia de Liberación de Personas Privadas de su
Libertad (PPL) en Palacio de Gobierno, Salomón Jara Cruz (Morena), consideró
que se trata de un acto de humanismo, libertad y justicia, que rememora a la
acción que realizó el «Padre de la Patria», Miguel
Hidalgo y Costilla, quien indultó a prisioneros en el pueblo de
Dolores, Guanajuato, para que lo acompañaran en la causa de la independencia
para luchar por la Independencia de las y los mexicanos.
El
gobernador expresó que la libertad es el bien más preciado para que las
familias y la ciudadanía puedan construir su presente y futuro, por lo que este
día se devuelve la libertad a oaxaqueñas y oaxaqueños indígenas de escasos
recursos, actuando así en congruencia con los ideales que hicieron posible la
Independencia del país, y para contribuir a la Reparación Histórica de los
Pueblos, en el Nuevo Pacto Social de Paz con Justicia.
“A las y los oaxaqueños que hoy recobran su libertad, los exhorto
a integrarse a nuestra sociedad con la frente en alto, cumpliendo con sus
deberes ciudadanos y colaborando productivamente con nuestra sociedad y sus
leyes. En la Primavera Oaxaqueña creemos en la reinserción social”, afirmó.
Para
garantizar la transparencia y certidumbre jurídica de este acto, Jara Cruz
destacó que cada uno de los expedientes de las personas liberadas fue analizado
por un grupo colegiado de juristas, mediante una rigurosa valoración en total
apego a la ley y respeto de sus derechos humanos.
El
mandatario también mencionó que a través de las Secretarías de Bienestar,
Tequio e Inclusión (Sebienti) y la de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), su administración impulsará un proyecto de
trabajo para que las personas liberadas se integren y colaboren con la sociedad.
Eduardo
Pinacho Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado, indicó que las penas tienen un fin último
y constituyen un derecho para las personas privadas de su libertad, la
resocialización, la cual se funda en tres elementos fundamentales: la
reeducación, rehabilitación y reincorporación.
En su oportunidad, el
director general de la Defensoría Pública del Estado, Marcelo Merino García,
explicó que, mediante la dependencia, el Gobierno del Estado reafirma su
compromiso institucional con la firme convicción de materializar la perspectiva
de interculturalidad, de igualdad y de género en la realidad de la justicia
oaxaqueña que contribuyan a la generación de instituciones que devuelvan la
confianza a la ciudadanía.
Redacción: El Universal
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