La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es la instancia encargada de proteger los derechos de los consumidores en México, incluyendo a los padres de familia que contratan servicios educativos en escuelas particulares. 

Según la ley, las escuelas privadas tienen obligaciones con los consumidores, entre ellas: informar sobre la incorporación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), entregar el reglamento escolar, dar a conocer el calendario de pagos con descuentos y recargos por mora, y no exigir a los padres de familia la compra de útiles escolares, uniformes, libros y otros artículos o servicios con la misma escuela o con determinados proveedores.

Además, las escuelas privadas no pueden obligar a los padres de familia a pagar por servicios que no están contemplados en la Ley Federal de Protección al Consumidor, como la compra de materiales escolares en tiendas específicas, la contratación de servicios de transporte escolar que no sean proporcionados directamente por la escuela, o el pago de cuotas extraordinarias no contempladas en el contrato.

En caso de que se detecten irregularidades, los padres de familia pueden presentar una queja ante la Profeco, que tiene facultades para revisar los contratos, mediar entre las partes y aplicar sanciones en caso de que se comprueben violaciones a la ley.