La Comisión de Quejas del INE determinó que las asambleas informativas y las giras de los seis aspirantes presidenciales de Morena, PT y PVEM se deben realizar en lugares cerrados o del partido.
Con dos votos a favor y uno en contra, la comisión avaló que las «asambleas informativas» de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, no deben contener elementos proselitistas.
«Además, deberán realizarse en lugares, preferentemente cerrados y/o en espacios pertenecientes al propio partido político, como son sus oficinas estatales o municipales, y no deberán emitirse expresiones de índole electoral», añadió el acuerdo aprobado por Rita López y Jorge Montaño, y en el que estuvo en contra Claudia Zavala, quien solicitó que se prohibiera por completo el proselitismo anticipado.
El acuerdo insiste en que los aspirantes deberán cumplir con lo ordenado el 16 de junio sobre las características de los actos partidistas, como que en las asambleas o recorridos no se llame a votar por un aspirante o partido, ni hacer propuestas de Gobierno o hablar sobre el proceso electoral de 2024.
El proyecto de la Unidad de lo Contencioso del Instituto establecía que dichos actos estarían dirigidos exclusivamente a militantes, por tratarse de asambleas para elegir un cargo partidista, como es el Coordinador (a) de la Defensa de la Transformación,- pese a que en los hechos será el candidato presidencial.
Sin embargo, la consejera Rita López propuso que se abriera también a los simpatizantes, lo cual fue respaldado por Montaño y aplicaron mayoría.
El acuerdo señala que los aspirantes presidenciales deberán cumplir con lo ordenado el 16 de junio sobre las características de sus supuestos actos partidistas, como que en esas asambleas o recorridos no se llame a votar por un aspirante o partido, hacer propuestas de Gobierno o hablar sobre el proceso electoral de 2024.
La consejera Claudia Zavala se manifestó en contra, al considerar que el proyecto de la Unidad de lo Contencioso es contradictorio, pues en todo el documento se indica, con pruebas, que lo que realizan los aspirantes son actos proselitistas, prohibidos por la ley, y no partidistas como presume el partido.
«Hay actos proselitistas de frente a una candidatura y lo que debemos hacer es prohibir la realización de esos actos, como una medida que ataje la posible generación de violación al principio de equidad, porque lo que nos están demostrando las actas es que, a través de los discursos que se presentan por cada una de las personas aspirantes, de la propia actitud de las personas que asisten, lo que se evidencia es que van por un acto proselitista», sostuvo Zavala, presidenta de la Comisión.
«En esa posible vulneración al principio de equidad nosotros debemos ser tajantes», añadió.
Molesta, cuestionó si entonces en el INE se avalaría que se regrese a esas prácticas de cuando se hacían cosas conforme a la voluntad de las personas que en ese momento tenían el poder o se iban a ceñir a las reglas del juego.
López y Montaño argumentaron que la nueva resolución acataba lo ordenado por el Tribunal Electoral, que los instruyó a volver a analizar la sentencia pasada, tras la impugnación de Movimiento Ciudadano.
Los dos consejeros aseguraron que no tenían atribuciones para declarar si son o no actos proselitistas, pero Zavala recordó que la Unidad de lo Contencioso del INE ya lo había confirmado, por lo que los actos de las «corcholatas» volverían a caer en la ilegalidad.
«Hay situaciones que sólo puede conocer la Sala Especializada», respondió Montaño, al referirse a que tendrá que ser esa instancia la que analice el fondo de la queja y determine si los aspirantes realizan actos proselitistas y si son actos anticipados.
«Estamos actuando conforme a las funciones, a las atribuciones que también nos da la ley, y que es lo que nos instruyó la Sala Superior», agregó López.
La queja fue presentada por Movimiento Ciudadano, que aseguró que los aspirantes a la candidatura de Morena, PT y PVEM realizan actos anticipados de campaña que buscan posicionarlos a ellos y a Morena en la elección de 2024.
La Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral realizó 34 informes basados en visitas sorpresa a los recorridos o asambleas públicas de las «corcholatas» y concluyó que existen pruebas para determinar que los seis contendientes podrían estar violando los tiempos electorales, pues sus eventos tenían indicios de actos anticipados de precampaña y campaña, etapas que arrancan hasta en noviembre y marzo.
Por ello, se planteó ordenar a Morena suspender dichos actos en su totalidad.
Sin embargo, López y Montaño rechazaron el proyecto y se anuló.