El gobierno de Oaxaca contará con su propia Unidad de Inteligencia Patrimonial a través de la Secretaría de Finanzas, la cual tendrá como objetivo “fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción” y que funcionará de forma similar que la Unidad de Inteligencia Financiera Federal.

Lo anterior lo dio a conocer en su conferencia semanal el gobernador Salomón Jara, quien aseguró que permitirá y ayudará a identificar a “las empresas y recursos desviados por parte de gobiernos anteriores”.

Dicha unidad funcionará  de la mano de otro organismo emulado de la administración federal: el Instituto Estatal para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“La próxima semana daremos a conocer la estructura, facultades y los objetivos prioritarios de esta unidad que vendrá a sumarse a los esfuerzos de nuestro gobierno para erradicar y castigar la corrupción y el saqueo de los recursos del pueblo”, afirmó.

Expresó que esta estrategia anticorrupción se alinea a los esfuerzos del Gobierno de México que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador para avanzar en “la ruta de la honestidad, transparencia y rendición de cuentas al pueblo”.

Como ejemplar de ello dio a conocer que en días pasados el Gobierno de México interpuso una demanda civil en Miami, Estados Unidos, para que Genaro García Luna exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, devuelva los cerca de 650 millones de dólares que desvió durante su cargo con la complicidad de familiares y empresas fantasma. 

“La aceptación de esta demanda civil permitirá recuperar parte de este inmenso botín generado a través de una red de familiares y empresas fantasmas las cuales permitieron desviar dinero público a través de contratos con el gobierno anterior”, dijo.

Jara también destacó que el estado de Oaxaca obtuvo la calificación de 100 puntos del Índice de Calidad en la Información (ICI) respecto al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del primer trimestre de 2023 que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Señaló que ello la ubica en el primer lugar junto a otros nueve estados en el cumplimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas y representa un avance de 30 lugares en comparación con el año 2016, cuando la entidad se colocaba en el lugar 31.