En los últimos 13 años no ha habido una sola sentencia en firme por el homicidio de una decena de funcionarios del Poder Judicial Federal y, en siete de esos casos, ni siquiera hay detenidos.

Sólo en tres de esas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió detener a presuntos implicados en los crímenes, pero hasta hoy ninguno ha sido sentenciado con pena de prisión por homicidio.

De hecho, algunos han sido absueltos.

Por ejemplo, en octubre de 2016, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se ejercitaba en las inmediaciones de su casa en Metepec, Vicente Bermúdez Zacarías, juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles en Toluca. Tres años después, su esposa, Marisol Macías Gutiérrez, fue detenida y procesada por el delito de homicidio calificado.

A la fecha, no se ha dado a conocer una sentencia en su contra.

En septiembre de 2015, sicarios dispararon contra Joel Fernando Tinajero Jiménez, Juez Primero de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo en Jalisco, cuando llegaba a su domicilio de Zapopan. No hubo detenidos.

Expertos advirtieron que las constantes acusaciones de las que actualmente son objeto los juzgadores federales desde el Gobierno federal, contribuyen a crear un ambiente de inseguridad contra ellos.

Jaime Chávez Alor y Estefanía Medina advirtieron que el clima de linchamiento contra los integrantes del Poder Judicial propicia que se cometan ataques, pues se relativiza el respeto que se les debe dar y los coloca en el papel de supuestos enemigos de un proyecto político.

«Los ataques a la seguridad física y a la integridad de los jueces son muy graves, pero los ataques a la independencia judicial y al trabajo de los jueces son igualmente graves, porque no necesitan afectar la integridad física de alguien para hacer una amenaza o para tenerlo intimidado», dijo Chávez Alor, director de Políticas para América Latina del Vance Center for International Justice.

Para Medina, directora de «Tojil, Estrategia contra la Impunidad», el hecho de que el Presidente del País haga señalamientos graves contra jueces e incluso contra la presidenta de la Corte, legitima a otras personas para que se sientan con capacidad de atacar a los Ministros.

«Permea hacia todas las instancias judiciales en el País. Y creo que la narrativa en contra de los jueces se está trasladando de las palabras a los ataques físicos y eso demerita nuestra democracia y afecta la división entre los poderes», dijo.

En tanto, Chávez Alor indicó que es muy grave cuando un juzgador es atacado por el crimen organizado, pero es doblemente grave cuando la persecución se da desde el mismo Estado, como ocurrió con la jueza de control Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida por la Fiscalía de Veracruz tras liberar a un acusado en cumplimiento a una sentencia de amparo.