El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, ostenta dos cargos pues además de encabezar a la institución aún está al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), dado que el Congreso local aún no avala su renuncia a este segundo cargo, dio a conocer la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario.
En un boletín, el organismo defensor de los derechos humanos explicó que Rodríguez Alamilla presentó su renuncia a su cargo en la DDHPO el pasado 25 de enero, y ese mismo día fue elegido por la legislatura estatal como nuevo fiscal general, en sustitución de Arturo Peimbert Calvo. Sin embargo, el documento de dimisión se presentó ante el pleno hasta el pasado 1 de febrero, y se turnó a comisiones.
El 7 de febrero, “la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado emitió dictamen con propuesta de aceptación de la renuncia de Bernardo Rodriguez Almilla al cargo de DDHPO, proponiendo en consecuencia la ausencia definitiva al citado cargo y a la defensora interina”, añadió Consorcio para el Diálogo Parlamentario.
Indicó que ese dictamen debe ser votado por el pleno, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, lo que no ha ocurrido, y por lo tanto, Bernardo Rodríguez Alamilla sigue al frente de la DDHPO.
Consorcio para el Diálogo Parlamentario advirtió que si Rodríguez Alamilla encabeza a la DDHPO no obstante fue electo fiscal general, “podría constituir el delito de ejercicio ilícito de servicio público conforme a lo dispuesto en el artículo 207, fracción III del Código Penal del Estado de Oaxaca”.
Añadió que el funcionario además violentaría el artículo 114 apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual señala que como titular de la DDHPO, “no puede desempeñar otro cargo público a excepción de la docencia y la investigación”.