Contrario a lo que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan B que anunció ayer para hacer una reforma electoralsin cambiar la Constitución no le permitiría modificar legalmente la estructura del INE, ni el método de selección de sus integrantes, ni quitarle el control del padrón electoral, ni reducir el congreso, ni recortar las prerrogativas a los partidos.
Dos días después de la multitudinaria marcha en rechazo a la propuesta político-electoral que presentó en abril pasado, el Mandatario planteó la posibilidad de presentar una reforma a leyes secundarias que podría avalarse con el voto de legisladores de Morena y aliados.
«Es probable que envíe una reforma a la ley, que no requiere de dos terceras partes. Un plan B que pueda proponer que se elijan a consejeros y magistrados del INE y del Tribunal. Que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300 (diputados)», dijo AMLO.
Pero especialistas coincidieron en que la columna vertebral de la propuesta original de López Obrador no puede trasladarse a leyes secundarias, salvo que pretenda violarse la Constitución.
«El problema es la Corte, que ha sido omisa y lenta en resolver temas. Ese es el riesgo, y si cuatro Ministros se pronuncian a favor del cambio, podría haber un gran conflicto, si la ley dice una cosa y la Constitución otra. El Presidente puede crear un conflicto enorme entorno a la elección de consejeros», sostuvo Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE.
El ex consejero electoral, Alfredo Figueroa, externó su preocupación de que el «plan B» abra la puerta a un conflicto legal.
«Ya hemos visto que desde el Legislativo se hacen leyes contrarias a la Constitución, y luego se hacen contrarreformas desde la ley, ese ejercicio te lleva a una etapa de litigios que debería preocuparnos», planteó Figueroa.
El diputado panista, Jorge Arturo Espadas, advirtió que una reforma en leyes secundarias no permitiría la sustitución del INE ni reducir el número de consejeros.