El número de detenciones de personas migrantes realizadas por corporaciones de seguridad pública y por el Instituto Nacional de Migración (INM) se triplicó en el estado de Oaxaca en lo que va de 2022, en comparación con las realizadas en 2021, de acuerdo con un recuento hemerográfico realizado por EL UNIVERSAL.

Dentro de estos operativos y detenciones realizadas destaca el aumento de grupos de migrantes que llegan a superar las 100 personas, en contraste con el número reducido de detenciones de traficantes.

La revisión hemerográfica arroja que en 2021 se difundió a través de medios informativos y por los canales de los gobiernos federal y estatal la aprehensión de 505 personas migrantes; mientras que entre el 1 de enero y el 12 de septiembre de 2022 se reportó la detención de mil 481, es decir, casi el triple.

En todos los casos, las autoridades y los medios informativos calificaron como “rescates” las detenciones de personas en el estado, en su intento por llegar a Estados Unidos.

Detenciones en aumento

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre enero y diciembre de 2021 fueron detenidos 8 mil 94 extranjeros no documentados en Oaxaca, de los cuales, 6 mil 190 fueron presentados y 2 mil 904 canalizados. De ellos, 32 fueron deportados y 3 mil 658 puestos en retorno asistido, es decir, voluntario; los menores de 18 años devueltos sumaron 172.

En tanto, de enero a julio de este año van 6 mil 680  detenciones; 5 mil 512 fueron presentados y mil 168 canalizados. Las deportaciones ascienden a 149 y los retornos asistidos a 3 mil 671, mientras que 133 menores de cero a 17 años fueron devueltos por retorno asistido.

Según la Segob, la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador “se constituye sobre la base del respeto pleno de los derechos humanos a partir de un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género”, que se sostiene en “siete pilares: la responsabilidad compartida; la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura; la migración irregular; el fortalecimiento institucional; la protección de connacionales en el exterior; la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional y el desarrollo sostenible”.

Más riesgos para migrantes

Sin embargo, el informe Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, presentado en mayo pasado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Sin Fronteras IAP, denuncia que el gobierno federal ha optado por una política “sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aun cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria”.

La militarización de esta política, acusa, obliga a las personas migrantes a viajar por rutas clandestinas que los vuelven más vulnerables a muertes, desapariciones forzadas, secuestros, corrupción, discriminación racial y étnica, tráfico y trata de personas, abuso de autoridad, climas extremos y accidentes en tren, marítimos y carreteros, entre otros.

“La Guardia Nacional participa en expulsiones colectivas de personas migrantes, al escoltarles fuera y dentro de los autobuses en los que son trasladadas. Estas expulsiones colectivas se realizan sin evaluaciones previas e individualizadas, lo que constituye una violación al derecho internacional, pues contraviene el derecho al asilo, el derecho al debido proceso en los procedimientos de solicitud de asilo, el principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas y el derecho a la protección judicial”.

El 2 de septiembre pasado, 25 personas migrantes fueron detenidas en la agencia municipal de Pueblo Nuevo, de la ciudad de Oaxaca, y cuatro policías municipales fueron acusados de extorsionar a los traficantes. La autoridad municipal negó que sus elementos cometieran un delito.

Otro caso se registró el 6 de abril de este año, cuando 70 migrantes se pusieron en riesgo al esconderse en un pozo de agua y en el cuarto de máquinas de un hotel de la capital del estado, con el fin de evitar ser detenidos por el INM. 

En ese lugar había 27 hombres y 25 mujeres originarios de Cuba, 12 hombres y dos mujeres provenientes de Nicaragua y un hombre de Venezuela, así como dos mujeres adultas y un menor de edad de nacionalidad cubana en núcleo familiar.