De acuerdo a Noé Ruiz, presidente de San Aelredo, a nivel nacional se están promoviendo amparos como parte de las estrategias para atenderla, pues pese a los mil casos que hay a nivel nacional, hasta el momento el Gobierno Federal la ha minimizado
“Recordamos que el primer caso aquí en Coahuila fue de una mujer que no pertenece a la comunidad, pero a través de este amparo se pretende crear una conciencia colectiva que exija al Estado la vacuna”, dijo.
Indicó que derivado de la reunión América Latina y el Caribe, en CDMX, el pasado mes de agosto, en la que se trataron temas de salud, derechos humanos, y cuidado, se habló de la afectación de la viruela del mono, que está afectando a grupos vulnerables, entre ellos la población LGBTI+.
Por lo anterior, explicó que la intención de interponer este amparo ante el juzgado de distrito, es con la firme convicción de que desde el gobierno federal se pueda hacer la adquisición de la vacuna Jynneos de la farmacéutica Bavarian Nordic, para la distribución y aplicación de la misma.
El amparo contempla la compra de medicamentos y la vacuna que se requiere de la única farmacéutica autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Explicó que esta acción se realiza en los 32 Estados de la República Mexicana y es coordinada bajo la tutela de Ricardo Hernández Forcada, de la conferencia interamericana de Salud en México y el bufete de abogados ADOM con sede en la Ciudad de México.
A partir de hoy se socializan con organizaciones, colectivo, grupos y colectivas LGBT+ en Coahuila, para que más personas puedan presentar este recurso de amparo y así obligar a la Secretaría de Salud a nivel federal, a la compra y aplicación de la vacuna.
Noé Ruiz pidió a las autoridades y pueblo en general no estigmatizar la enfermedad como exclusiva para esta comunidad.
“Fue difícil, como organización pensamos que podría ser revictimizarnos, como cuando surgieron las exigencias a salud para el tratamiento del VIH, pero eso no debe afectar porque de los más de mil casos, es un porcentaje muy poco el de esta comunidad”, aseguró.
Será en 45 días cuando se dé una respuesta por parte del Poder Judicial de la Federación.
Perla Sánchez | El Siglo de Torreón
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