Se autorizó también una modificación de ley orientada a la buena administración en las dependencias públicas.

El Congreso local aprobó una reforma de ley para que quienes aspiren a ser titulares de dependencias del gobierno estatal sean personas originarias de Oaxaca, o con residencia comprobable mínima de tres años al día de su designación.

Y es que en la administración actual existen funcionarios originarios del Estado de México que desconocen las diversas visiones que se tienen acerca de los problemas sociales que aquejan a Oaxaca, lo que ocasiona una mala atención y deriva en no solucionar las diversas demandas de la ciudadanía.

Por ello, la 65 Legislatura local considera importante que en el gobierno de Oaxaca se encuentren las y los mejores oaxaqueños al frente de las dependencias gubernamentales, en cuyas carreras prevalezca la honestidad y el respeto para que exista confianza y credibilidad con los pueblos del estado.

En esta modificación legislativa propuesta por la diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez, del Partido Unidad Popular, se reforma la fracción I del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, la cual fue aprobada por el Pleno con 24 votos.

De igual manera, con 23 votos, se aprobó la reforma propuesta por la legisladora Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Partido del Trabajo, en la cual se modifica el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Este cambio indica que en el ejercicio de sus funciones el Poder Ejecutivo implementará la buena administración, el principio de gobierno abierto orientado en los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación de la gestión gubernamental, participación ciudadana y el uso de las tecnologías de la información.

Tomando esto en consideración, la buena administración en el Estado debe priorizar todas las oportunidades para mejorar el trabajo en las dependencias públicas que fortalezca el gobierno abierto y que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito.