A nivel estatal 676 niñas y mujeres han sido víctimas de asesinatos violentos, de los cuales 461 han ocurrido después de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG). Las regiones más violentas son el Istmo, la Costa y los Valles Centrales, de las cuales la región del Istmo se ha mantenido a lo largo de todo el sexenio, como la más violenta para las niñas y mujeres, solo en el 2022 representa el 29% de la violencia feminicida.

Una de las recomendaciones de la AVG con la cual se podrían focalizar políticas públicas de prevención, ha sido realizar un mapeo de los delitos cometidos en contra de las mujeres, particularmente feminicidios, homicidios culposos, violencia sexual, desapariciones de niñas y mujeres y sus tentativas, pues con estos datos se evalúa el nivel de gravedad de violencia de género existente.

Contar con un análisis del contexto de violencia comunitaria, de delincuencia organizada, violencia social, así como la presencia de militares en las regiones, ha colocado la proliferación descontrolada de armas de fuego en el estado, la cual ha generado que año con año se incremente el asesinato violento de niñas y mujeres con éstas armas, llegando al 2022 a representar un 78%. Esta situación es un elemento sensible a considerar debido a que incrementa el riesgo de la violencia feminicida en Oaxaca. 

En la región del Istmo, el reciente e indignante caso de Abigail en Salina Cruz, es un claro ejemplo de las alarmantes limitaciones que tienen las autoridades para comprender la violencia de género a nivel municipal y que bien puede reflejar lo que sucede con los Consejos Municipales en el estado.

Por principio, en el caso de Abigail fue detenida argumentando un “delito administrativo” por discutir con su pareja, cuando en realidad estaba siendo víctima de violencia de género, la cual no pudo ser identificada por los elementos de la policía, ni tampoco por el juez cívico. Lamentablemente la falta de capacitación de las corporaciones policiacas, es uno de los factores por los cuales las mujeres que viven violencia no son atendidas ni protegidos sus derechos, no tienen una perspectiva de género que les permita hacer intervenciones eficientes.

Además de acuerdo a testimonios de su familia, ella ya había denunciado a su pareja por violencia física y psicológica, incluso tenía una orden de protección, a la cual, como desafortunadamente sucede, no se le dio seguimiento por parte de las autoridades. Al respecto existen infinidad de casos a nivel estatal, en el que las instituciones que tienen dentro de sus responsabilidades investigar y sancionar las violencias de género no lo hacen, se abren las carpetas de investigación para posteriormente convertirse simplemente en una estadística a la cual no se da seguimiento, lo que explica que las  mujeres se mantengan en riesgo, porque cuando se logra obtener una orden de protección, tampoco tiene efecto en su protección.

A partir de la detención con excesivo uso de la fuerza, Abigail enfrenta otra violencia institucional, que se suma a la falta de un protocolo para la retención con apego a los derechos humanos, para finalmente, como lamentablemente también sucede, pretender que su muerte fue por suicidio para encubrir un feminicidio.

El caso de Abigail se tornó mediático porque la familia acusó de asesinato a la policía, pues se negó a aceptar la versión oficial de suicidio, pero ella fue víctima de feminicidio, de un crimen de estado, pues actúo el sistema patriarcal que le negó sus derechos a la integridad, la libertad y la vida, incumpliendo sus obligaciones de proteger sus derechos.

¿Cuántas de las 461 víctimas de la violencia feminicida en Oaxaca desde la declaratoria de la AVG han denunciado las múltiples violencias frente a una autoridad, policía, ministerio público, juez, o con una abogada o psicóloga de las unidades de género, de las instancias de las mujeres, fiscalías o de los sistemas de seguridad pública que no atienden una orden de protección, sin que éstas hayan identificado el riesgo de la violencia feminicida y actuado en consecuencia?  

Esta falta de atención explica la violencia feminicida, hay causas que se pueden identificar y atender de manera preventiva, vidas que pudieron ser salvadas, pero las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia ha fallado continuamente en proteger a las mujeres.

Además la carencia de albergues y refugios, que fue otra recomendación de la AVG, deja a las mujeres en situación de violencia, desprotegidas ante una violencia machista de su pareja, la cual también atraviesa a los sistemas de prevención, atención y sanción a la violencia de género.

Otro elemento que contribuye a entender los indignantes datos de violencia de género y violencia feminicida, son los altos niveles de impunidad que provocan en las mujeres desconfianza en su propio sistema de justicia y en los agresores la certeza de que no serán sancionados.