Apoco más de cuatro años, titulares de diferentes dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal continúan sin cumplir con la sentencia de amparo en la que se les ordena sanear y rescatar los ríos Atoyac y Salado.

Litigio Estratégico Indígena, organización que promovió el amparo, busca demandar ante un juez federal la inejecución de la sentencia para que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con ello se destituya a funcionarios responsables y se inicie un proceso en su contra, con penas de cuatro a ocho años de cárcel.

En marzo de 2018, la asociación civil ganó un amparo, tras dos años de lucha, con el cual el Poder Judicial de la Federación ordenó a 18 autoridades federales, estatales y municipales tomar acciones para sanear y preservar  ambos cauces.

El fallo a favor de los ríos Atoyac y Salado representó un avance no sólo por la trascendencia de ganar un amparo para la protección del ambiente, sino porque obligaba a las autoridades a tomar acciones efectivas.

Las autoridades responsables señaladas incluían a los titulares del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Conagua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), el gobierno de Oaxaca, a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a 14 ediles, entre ellos, el de Oaxaca de Juárez. Recientemente, también se agregó al Consejo de Cuenca de la Conagua como responsable.

“Seguimos igual. Las autoridades municipales, estatales y federales  informan las acciones que dicen están realizando, pero que todo se limita a reuniones de trabajo, no en acciones sustantivas. Hasta el momento no hay ningún avance mínimo sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo”, asegura Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico.

El abogado detalla que tanto autoridades estatales como federales han justificado  el incumplimiento asegurando que la pandemia es un obstáculo para acatar la sentencia.

Sin embargo, sostiene que en realidad no hay ninguna voluntad política para cumplirla, sobre todo si se toma en cuenta que ni el Congreso  de Oaxaca ni la Cámara de Diputados federal asignaron un sólo peso para el rescate de los ríos.

Mientras que de los 14 municipios, algunos se han defendido con el argumento de que no arrojan sus descargas de aguas residuales a los ríos y otros asegurando que no tienen posibilidad financiera, ni legal para realizar acciones como obras de infraestructura, es decir, que esto les corresponde a instancias federales y estatales.