Comuneros de San Jerónimo Sosola, Etla, informaron que no permitirán la instalación de las casillas electorales para elegir la gubernatura del estado, ante la negativa de la Procuraduría Agraria de convocar a una asamblea comunal y por negarse a reconocer a Moisés Gómez Durán como el nuevo comisariado de bienes comunales, así como a la nueva representación del Consejo de Vigilancia.

En un comunicado, explicaron que desde el pasado 3 de abril de 2021 la asamblea comunitaria desconoció a Julio Rivera Rivera y a Amelia Gómez Durán, como presidente y tesorera del Comisariado de Bienes Comunales, respectivamente. Amelia Durán, además, es regidora de Ecología del ayuntamiento de San Jerónimo Sosola.

Ambos fueron destituidos de sus cargos por la asamblea comunitaria por pretender vender la arena, grava y piedra – recursos naturales de la comunidad – “a su arbitrio”. “Esos materiales son de la comunidad y no de esos vivales que acaban de llegar de la ciudad y que piensan despojar a los campesinos”, sentenciaron.

A esto se suma, dijeron, que en julio de 2021 Julio Rivera y Amelia Durán promovieron un amparo en donde denunciaron que se estaba despojando de tierras comunales y destruyendo el ecosistema. 

Esto, con el fin de detener la pavimentación que se realiza como parte del programa de caminos rurales del gobierno federal impulsado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Por ese amparo hasta la fecha no se ha podido pavimentar el camino de acceso con el programa del gobierno federal.

Pero además, aseguraron que ese amparo lo promovieron usando indebidamente el sello de la comunidad, su nombramiento y con la asesoría de la visitadora de la Procuraduría Agraria de nombre Margarita, a quien también acusaron de mantener negocios con Julio Rivera.

“Por todo eso, la asamblea de comuneros removió del cargo a Julio Rivera Rivera y sus demás integrantes, decidieron nombrar a un nuevo comisariado de bienes comunales, para enseguida promover su reconocimiento ante la Procuraduría Agraria y ante el Registro Agrario Nacional, sin obtener una respuesta favorable.

“Los comuneros después de cumplir con diversas observaciones hechas por la Procuraduría Agraria, se les negó el reconocimiento del nuevo comisariado de bienes comunales y consejo de vigilancia”.

Después de todo este proceso, agregaron que las autoridades federales los convencieron de reconocer nuevamente a Julio Rivera como presidente del Comisariado de Bienes Comunales, bajo el argumento de que tenía buenas intenciones y porque no podía trabajar porque le faltaba el Secretario y por lo tanto ese órgano colegiado está acéfalo, incompleto y sus actos carecen de validez.

Como parte de ello, denunciaron que el 3 de marzo de 2021 Julio Rivera se comprometió a convocar a una asamblea informativa el 8 de marzo de ese mismo año, a cambio de que lo reconocieran como Comisariado.

Pero cuando llegó la fecha nunca emitió la convocatoria y los comuneros afirmaron que sólo se aprovechó de la buena voluntad de los campesinos y para que el Secretario se incorpore al comisariado, su autoridad agraria.

“Con toda esa actitud negativa la comunidad agraria se descontenta con la Procuraduría Agraria que a toda costa quiere mantener en el poder a Julio Rivera Rivera y Amelia Gómez, quien se vale de ser licenciada y dice tener dinero para comprar a cualquier funcionario de la Procuraduría Agraria”, señalaron.

Posteriormente, un grupo de comuneros solicitó a Julio Rivera que convoque a una asamblea de comuneros, pero se negó a convocar y lo mismo hicieron al titular del Consejo de Vigilancia, con quien ocurrió lo mismo. 

Ante su negativa, solicitaron a la Procuraduría Agraria convocar a asamblea para ratificar o destituirlos de sus cargos; sin embargo se han encontrado con trabas. Es por eso, que el 5 de septiembre de 2021 decidieron destituir a Julio Rivera y a los integrantes del Comisariado y nombrar a sus nuevas autoridades agrarias.

Ahora, el conflicto es que la Procuraduría Agraria se ha negado a reconocer a Moisés Gómez como el nuevo presidente del Comisariado de Bienes Comunales.

Por ello, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que respete la libre determinación de esta comunidad indígena mixteca y su derecho a nombrar a sus autoridades, bajo sus normativas indígenas.

“Señor presidente de la República lic. López Obrador! ¿Por qué, en la Procuraduría Agraria, representación Oaxaca, no se ha acabado la corrupción? pues con su conducta nos hace creer que recibieron un buen dinero para que, lejos de procurar a los campesinos comuneros, hacen todo lo contrario, dejando a un lado sus funciones para complacer a su patrón, convirtiéndose en peleles (sic)”.

Finalmente, informaron que se resolvió no permitir la instalación de las casillas electorales en la jornada del próximo 5 de junio de 2022 en su comunidad.