Rubén Salazar, quien es director de Etellekt (Consultoría en temas electorales y de riesgos), compartió los resultados de una investigación realizada por su consultoría respecto de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en junio de este año para renovar las gubernaturas en seis estados. 

Al respecto, explicó los riesgos que se prevén y cómo se relacionan con la alta criminalidad y la violencia en el país. Pese a que el voto democrático se afianza como la única vía legíti­ma de competencia por el poder en México, el riesgo de ser candi­dato o aspirar a serlo, se incrementa.

Entre 2000 y 2021 perdieron la vida en atentados 144 aspirantes y candidatos: 98 en procesos federales, y 44 en procesos es­tatales no homologados. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad del próximo proceso electoral? De acuerdo con los patrones analizados:

• Cuando se compite por un cargo municipal. La mayoría de los aspirantes y candidatos asesinados (116) se postula­ron por alcaldías, regidurías y sindicaturas (80.5%); 22 lo hicieron por diputaciones locales (15%) y seis más por diputaciones federales (4%). Sin embargo, han perdido la vida únicamente dos aspirantes y can­didatos en Durango, a las alcaldías de San Dimas y Lerdo (2013).
• Cuando se compite por una gu­bernatura habiendo divisiones in­trapartidistas o al no pactar con el crimen. Hay dos casos: los asesinatos del perredista Armando Chavarría Barrera, aspirante a la gubernatura de Guerrero (2009); y el candidato del PRI a goberna­dor de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú (2010). Las líneas de investigación apun­taron al entorno político de Chavarría y a represalias de un cártel a Torre Cantú, por rechazar sus peticiones. Ambos casos si­guen impunes.
• Cuando se es opositor a los go­biernos estatales o municipales. En los comicios de 2021 hubo 31 candidatos y aspirantes asesinados que buscaban ser ediles, 90% de los mismos eran opositores a los alcaldes de sus municipios. En el mis­mo proceso, Etellekt registró 30 agresiones globales –principalmente amenazas– en contra de candidatos a gobernador, en 12 de las 15 entidades en las que se votó por el titular del Ejecutivo estatal, y 93% se di­rigieron a opositores a los gobernadores en San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa, Tlax­cala, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Coli­ma, Nuevo León y Querétaro. El restante 7% afectó a los candidatos del mismo parti­do del gobernador en Baja California Nor­te y Campeche.
• Cuando se realizan actividades proselitistas en ciudades con alta in­cidencia de homicidios dolosos. La vio­lencia letal no sólo alcanzó a candidatos en ciudades pobres o de baja concentración poblacional. De los 36 aspirantes asesina­dos en el proceso 2020-2021, destaca el caso de un candidato a diputado estatal, asesinado al intentar defender a una mu­jer comerciante de una banda de asaltan­tes, en Monterrey, Nuevo León. En las ciu­dades con mayor violencia homicida del país, la seguridad de los candidatos a go­bernador puede quedar expuesta en mu­nicipios como Reynosa y Ciudad Victoria, en Tamaulipas, así como en Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Othón P. Blanco, en Quintana Roo.

Finalmente, otro factor no menos im­portante es el presunto rol desempeñado por los cárteles en favor de los candidatos de Morena, denunciado por los dirigentes de la coalición Va por México, irónicamen­te, en entidades gobernadas por los mis­mos partidos que la integran, como Sina­loa y Guerrero. Aún sin tener las pruebas o evidencias que lo acrediten, lo cierto es que la política de “abrazos no balazos” puede resultar una bandera electoral sumamen­te apetitosa para los grupos del narco he­gemónicos, que no dudarán en respaldar­la en 2022, si de ello depende la protección institucional necesaria para expandir y ha­cer viables sus negocios ilícitos.

Los carteles no buscarán imponer o qui­tar a candidatos, sino ofrecer apoyo a quie­nes encabecen las preferencias, con la fi­nalidad de tener un acuerdo o pacto con la autoridad que resulte electa.

Previo al inicio de las campañas de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita a Michoacán, ha mandado un mensaje que parece dirigi­do a grupos criminales y no únicamente de ese estado: “Pacificaremos sin confron­tar a grupos criminales”.